Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Corintios 2 4:6

La eutanasia puede quedar en manos de unos pocos equipos

La Ley de la Eutanasia cumple tres meses en vigor con muy poca información sobre los casos en que se ha aplicado y cómo funcionan las comisiones de garantías.

30 de Septiembre 2021.- «Ya es motivo de preocupación» que el primer caso público de eutanasia legal en España se haya producido «en una situación en la que el paciente no está capacitado para solicitarla». Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, se refiere a la anciana vasca de 86 años con demencia a cuya vida se puso fin el 23 de julio. Sus hijos iniciaron los trámites el mismo día de la entrada en vigor de la ley, citando su testamento vital. Unas semanas después, la organización Derecho a Morir Dignamente hizo pública la muerte provocada de una viuda de 60 años, sin familia y con esclerosis múltiple. A la espera de los primeros informes anuales autonómicos, solo hay noticia de un caso más. «Tengo miedo de que se esté aplicando a pacientes» con depresión o que no hayan recibido cuidados paliativos o ayudas a la dependencia, apunta Martínez-Sellés.

Datos
Tres casos de eutanasia confirmados (por familiares o Derecho a Morir Dignamente) desde la entrada en vigor de la ley.

80.000 personas mueren en España al año sin los cuidados paliativos que necesitan de acuerdo con el Atlas de Cuidados Paliativos en Europa (ACPE).

0,6 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes en España, lejos de los dos recomendados, como recoge ACPE.

No existe mucha más información sobre cómo están funcionando las comisiones de garantías que ya han puesto en marcha casi todas las comunidades autónomas. Luis Miguel Pastor García, presidente de la Asociación Española de Bioética y Ética Medica, rompe una lanza a favor de sus miembros, pues opina que «todo el mundo es consciente de la gravedad de las decisiones». Menos optimista es José Antonio Díez, de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia, que opina que «la ley está pensada para que no se pueda rechazar ninguna solicitud», incluso aunque en las comisiones haya profesionales contrarios a la eutanasia.

No es así en todas. Explica que algunos a los que se les ha ofrecido se han negado al considerarlo una colaboración directa en causar la muerte. En otros casos, como en Madrid, critica Martínez-Sellés, es la Consejería de Sanidad la que «no permite a los objetores formar parte» de la comisión. Estas actitudes, junto a los intentos mediáticos de «generar un clima de opinión» contrario al derecho a la objeción de conciencia y a algunas «situaciones muy desagradables para los objetores», llevan a que «cada vez haya más miedo a la limitación de este derecho».

¿Objetar?
Por otro lado, reconoce que existe un debate en la profesión médica sobre la objeción. Él y otros son partidarios de ejercerla caso por caso, y solo en los momentos finales de la tramitación de una solicitud. «Si lo hacemos a priori o nos retiramos» cuando un paciente dice algo como «no quiero seguir viviendo así», su seguimiento «va a quedar en manos de los pocos médicos favorables a la eutanasia». En cambio, al esperar «se le pueden ofrecer unos buenos paliativos». Pero «hay compañeros que han objetado ya porque les repugna, y lo entiendo».

En ese caso, Díez aconseja que, aunque la ley pretenda obligar a objetar anticipadamente y ante un registro oficial, se haga ante el propio colegio profesional. Es «mucho más fiable» y, añade el presidente del de Madrid, este tiene la obligación de defender a sus colegiados. En cualquier caso, según la información que le llega a Pastor García, «en principio se está aceptando la objeción sobrevenida», sin inscripción previa. «En mi opinión van a terminar teniendo que montar un sistema» para «canalizar a equipos concretos» en cada autonomía las solicitudes que se reciban.

Las trabas a la objeción al aborto, una mordaza
«Poner trabas a la objeción de conciencia sin escuchar a los profesionales sanitarios es amordazar a los que piensan distinto». Y puede alterar «todo el sistema de libertades». Así se pronunció el domingo el Colegio de Médicos de Madrid tras conocer que el Ministerio de Igualdad incluirá en la reforma de la ley del aborto la creación un registro de profesionales objetores, como ya ha ocurrido con la eutanasia.

Los médicos madrileños recuerdan que reconocer la objeción es «no solo una exigencia ética sino también constitucional». El Tribunal Constitucional «ha declarado que no exige de regulación jurídica específica de cara a poder ser reconocida». Está incluida además en la Carta Europea de Derechos Humanos. «Hay derechos fundamentales que toda norma debe siempre respetar». Argumentan asimismo que la objeción debe ser «libre, confidencia y aplicarse de forma sobrevenida», caso por caso. Solo sabiendo las circunstancias concretas «el médico dispone de todos los elementos clínicos y personales para enjuiciar rectamente una situación». En ese momento, debe explicar razonadamente al paciente las razones de su objeción.

También las entidades provida se han pronunciado en contra de este anuncio. Para Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, «es una vuelta de tuerca más en el empeño por promocionar el aborto y presentarlo como si fuera un acto médico». El director del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, coincide en el diagnóstico sobre estos «nuevos mecanismos para perseguir y silenciar al disidente». Limitando la objeción, se «obliga a los profesionales de la salud a actuar en contra no solo de sus creencias y valores, sino del propio código deontológico, el cual les prohíbe acabar con vidas humanas».

María Martínez López (Alfa y Omega)
Imagen: El Hospital Universitario San Juan de Alicante
fue el escenario del segundo caso de eutanasia.
(Foto: Juan Carlos Soler)

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