Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Corintios 2 4:6

400 euros al mes no dan para emanciparse

Las entidades que forman Iglesia por el Trabajo Decente se acaban de reunir para reforzar su labor en un contexto en el que la precariedad laboral se cronifica, sobre todo entre los más jóvenes.

26 de diciembre 2021.- Patricia Aparicio va camino de su cuarto año desde que terminó el grado de Comunicación Audiovisual. Aun así, su vida laboral está prácticamente en blanco. No califica la situación de desesperante, pero sí habla de «una gran incertidumbre», como asegura en conversación con Alfa y Omega. Cuando en 2018 terminó de estudiar, esta joven burgalesa se puso a buscar trabajo «y solo encontraba pequeños encargos puntuales: un amigo que te pide que le hagas un vídeo, un familiar que conoce a una persona que te encarga un logo, alguien que te pregunta para diseñar un cartel… y todo ello sin contrato».

La primera oportunidad profesional llegó de una asociación. Entre sus tareas, llevar las redes sociales, hacer fotos, vídeos… «Fue un contrato de prácticas para ayudar a la incorporación laboral de alumnos graduados», explica. «Tenía una duración de seis meses y cobraba 675 euros», y esto lo compaginaba «con todos esos trabajos independientes, porque lo mismo le dices que no a uno y no te vuelven a llamar».

Pasado este tiempo, Aparicio volvió a quedarse en blanco. «Estuve meses sin trabajar», y ahora ha vuelto al mercado laboral en «una empresa que me paga algo más de 400 euros por doce horas de trabajo».

Con esta situación «es difícil emprender un proyecto vital o hacer planes a largo plazo», se lamenta la joven, que aunque todavía no tiene planes de boda –«llevo poco tiempo saliendo con mi pareja»– sí que reconoce que ya le gustaría independizarse. Su madre lo hizo con 26 años; ella, con 28, todavía no puede: «Siempre dudas si lanzarte, pero con un contrato de un año y tan pocas horas me parece una locura», sentencia.

De esta forma, Patricia Aparicio sigue viviendo todavía en casa de su madre, un hogar sostenido económicamente por todos los miembros de la familia. «Somos cuatro hermanas y cada una aporta lo que puede, en la medida de sus posibilidades». Sin embargo, la joven se sienta una privilegiada, porque «entre todas conseguimos llegar a fin de mes sin preocupaciones».

En cualquier caso, «estaría muy bien que los Reyes Magos me trajeran un trabajo más estable», pide la joven burgalesa, quien habla por último de unidad y fraternidad: «No quiero un trabajo a cualquier costa. La labor que desarrollaba en la asociación, por ejemplo, me gustaba, y ellos estaban contentos conmigo, pero era una entidad social y los recursos eran limitados. Es necesario mirar más allá de uno mismo, porque no sirve de nada salvarse solo», concluye.

La situación de Patricia Aparicio no es exclusiva. Según un reciente estudio de Comisiones Obreras y el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, La precariedad laboral en España. Una doble perspectiva –presentado el 9 de diciembre–, el 48 % de la población asalariada padece precariedad multidimensional, el 26 % se encuentra en riesgo de precariedad y el 8 % tiene una situación de precariedad extrema. Unos datos que se disparan entre la población joven. Son «el colectivo que afronta las peores condiciones laborales relativas; sufren niveles de precariedad insoportablemente altos, con una incidencia en torno al 75 % tanto de la precariedad asalariada multidimensional como de la precariedad global», se denuncia en el estudio.

En este contexto, la Iglesia busca reforzar y ampliar su trabajo en este ámbito, donde destaca la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) que el 11 de diciembre reunió, por primera vez en sus siete años de existencia, a sus colaboradores diocesanos. «El encuentro surgió de la mesa formada por las entidades promotoras –Cáritas, CONFER; HOAC, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC)–, que veíamos que estábamos planteando algunas cuestiones que a lo mejor no estaban dando respuesta a todo lo que ocurría en el mundo del trabajo a nivel local», explica Imanol Morales, uno de los portavoces de la ITD. Por eso, la idea a partir de ahora es «contar con las voces de las diócesis, que ellas también propongan acciones, y que sea un trabajo más horizontal».

Dicho y hecho. Según Morales, la treintena de diócesis que participaron en la reunión –telemática a causa de la COVID-19– señalaron tres cuestiones «que nosotros ahora tenemos que tener en cuenta». «Se habló de dar continuidad a la iniciativa más allá de las fechas tradicionales en las que nos solemos centrar», tales como el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, o el 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente. «También se reflexionó sobre el formato de nuestros manifiestos, para que puedan llegar a personas que no sean de Iglesia y a los jóvenes». Aquí el gran objetivo es sumar esfuerzos al de otras organizaciones de la sociedad civil, como los sindicatos. Por último, se abordó la «necesidad de implicar a las parroquias y otras organizaciones eclesiales en este trabajo».

José Calderero de Aldecoa (Alfa y Omega)
Imagen: Aparicio realiza los pocos encargos que le salen
desde el salón de su casa. Son un complemento a su escaso sueldo.

(Foto cedida por Patricia Aparicio)

Mejoras en el ingreso mínimo

Tras más de año y medio de recorrido como real decreto, la ley ingreso mínimo vital (IMV) ha concluido su tramitación con el Congreso de los Diputados y ha sido publicada en el BOE. Y lo ha hecho con una serie de mejoras que las entidades sociales –también las vinculadas a la Iglesia católica– venían demandando. El cálculo de los ingresos era fundamental –se tenían en cuenta los del año anterior–, pues estaba dejando fuera de este recurso a muchas personas que realmente lo necesitaban. Según Cáritas, solo lo estaban recibiendo el 18,6 % de las personas en exclusión. También se ha incorporado la posibilidad de que las entidades sociales puedan certificar algunos de los requisitos. La burocracia, las denegaciones y la falta de información han sido los grandes problemas en los meses de vida de esta prestación. De hecho, según la Fundación CIVIO, el 42 % de las sentencias sobre el IMV son contrarias a la Administración.

F. O.

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